Maduro no era un gobernante legítimo, sino el jefe de una estructura criminal enquistada en el Estado, señalada por narcotráfico, violaciones masivas de derechos humanos y persecución política.
La captura de Nicolás Maduro marca un punto de inflexión largamente esperado para Venezuela. Más allá de la controversia que despierta una intervención extranjera, lo ocurrido representa el fin de un régimen que durante años se sostuvo en la represión, el fraude y el empobrecimiento sistemático de su pueblo. Para millones de venezolanos, esta acción simboliza el fin de una tiranía y el inicio de la esperanza.
La intervención de Estados Unidos debe leerse como una respuesta excepcional a una situación excepcional. Maduro no era un gobernante legítimo, sino el jefe de una estructura criminal enquistada en el Estado, señalada por narcotráfico, violaciones masivas de derechos humanos y persecución política. Cuando las instituciones internas son anuladas, la comunidad internacional no puede permanecer inmóvil.
Venezuela tiene ahora la posibilidad real de iniciar un proceso de reconstrucción democrática. El desmantelamiento del aparato autoritario abre la puerta al retorno de libertades básicas, a elecciones creíbles y al regreso de millones de ciudadanos forzados al exilio. Es el renacer de una nación que fue próspera y que merece recuperar su dignidad y su futuro.
Colombia no es ajena a este desenlace. Durante años ha padecido las consecuencias directas de la connivencia del régimen venezolano con organizaciones armadas ilegales que encontraron al otro lado de la frontera refugio, protección, apoyo logístico y tolerancia. Esa realidad agravó la inseguridad y prolongó el conflicto interno colombiano.
La caída de ese respaldo político y territorial representa una oportunidad que Colombia no puede desaprovechar. Sin el amparo del poder venezolano, los grupos ilegales pierden un vecino estratégico clave, lo que abre un escenario más favorable para su debilitamiento y para el control efectivo de una frontera históricamente vulnerable.
El Estado colombiano tiene ahora la posibilidad de cerrar definitivamente esa ventana criminal que tanto daño ha causado a la seguridad nacional. Sin la complicidad del poder venezolano, los grupos ilegales pierden protección, corredores estratégicos y fuentes de financiación, lo que facilita su persecución y debilitamiento efectivo.
Resulta preocupante que el gobierno colombiano haya mostrado más cercanía con Maduro que con las víctimas de su régimen. Hoy el país debe rectificar y comprender que la estabilidad de Venezuela es también una condición indispensable para la paz en Colombia y que la prioridad debe ser la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos por encima de afinidades ideológicas que en el pasado resultaron costosas para el país.
La historia juzgará este momento no por la pasividad, sino por la determinación frente a la ilegalidad y la dictadura. La captura de Maduro puede ser el comienzo de una nueva etapa para Venezuela y una oportunidad invaluable para Colombia de fortalecer su seguridad y su institucionalidad.
