Es hora de revisar el papel que está cumpliendo la Comisión de Concertación Laboral y su real aporte a una decisión que tiene semejantes alcances e incidencia en la vida nacional.
El elevado ajuste del Salario Mínimo Legal decretado por el Gobierno Nacional para este año, ni siquiera las siempre desbordadas pretensiones de los sectores sindicales lo habían mencionado, deja, además de las naturales preocupaciones por los efectos que pueda tener en la economía, en el empleo formal, en la inversión, en la productividad y en la inflación, muchos interrogantes sobre el procedimiento establecido para fijar el aumento de valor devengado por cerca de dos y medio millones de colombianos.
La primera reflexión es si, después de lo que ha sucedido en los últimos tres años y especialmente de la manera inconsulta como este año el Presidente anticipó el alza, tiene algún sentido conservar la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y someter a sus integrantes a semejante desgaste cuando el Gobierno, como ocurrió esta vez, no tiene el más mínimo interés en concertar y ni siqueira en oír las propuestas y los argumentos de las otras dos partes y particularmente de los representantes del sector productivo.
Lo que hizo el Gobierno este año fue la más ominosa burla a quienes no solamente son los motores de la economía del país sino que han confiado en el respeto a la ley y creído que una decisión tan importante y tan trascendental para la vida del país, se toma al menos después de una franca, abierta y sana discusión.
Tenía razón el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente nacional de Fenalco, cuando mucho antes de iniciarse las conversaciones sobre el aumento del salario mínimo, dijo que el gremio que él representa no participaría en las reuniones de la Comisión de Concertación Laboral porque el gobierno había anunciado ya su decisión de ajustar el mínimo legal en un porcentaje de dos dígitos.
Por lo demás, si bien el aumento del 23% del salario mínimo puede tener un efecto saludable inmediato para un sector importante de la fuerza laboral del país, también lo es pone en alto riesgo la estabilidad del miles de empleos, la permanencia en la vida empresarial de cientos de micro, pequeñas y medianas empresas; estimula la informalidad y ejerce una peligrosa presión sobre el costo de vida de los colombianos.
De hecho, ya la casi totalidad de los sistemas de transporte público del país ha anunciado una alza por encima de lo corriente en el precio del servicio, para poder absorber el aumento en la remuneración de un porcentaje muy alto en el número de sus empleados. Esto para no hablar del efecto en las pensiones, en la salud y en el costo fiscal.
Es hora, pues, de revisar el papel que está cumpliendo la Comisión de Concertación Laboral y su real aporte a una decisión que tiene semejantes alcances e incidencia no solo en el desempeño de la economía del país, sino en la propia vida de una población que supera los dos millones y medio de colombianos.
