No basta con crear puestos de trabajo, se requiere generar empleos de calidad, con garantías, con derechos, con posibilidades de ascenso social.
El reciente descenso en la tasa de desempleo ha sido recibido por algunos sectores con entusiasmo, como si se tratara de una señal inequívoca de fortalecimiento del mercado laboral y de recuperación económica. Pero basta con mirar de cerca las cifras para entender que no se trata de una mejora estructural del empleo, sino una peligrosa distorsión, el trabajo informal es el que está impulsando la ocupación en el país.
La informalidad no es un fenómeno nuevo, pero su persistencia y crecimiento deben ser motivo de preocupación y no de celebración. Según los últimos datos del DANE, aunque la tasa de desempleo bajó, siete de cada diez nuevos puestos de trabajo corresponden a ocupaciones de baja calidad, sin protección social, sin estabilidad contractual y muchas veces sin ingresos suficientes para sostener una vida digna.
La economía informal incluye desde vendedores ambulantes hasta trabajadores por cuenta propia que no están registrados ante ninguna entidad, pasando por empleados sin contrato, sin seguridad social ni prestaciones. Esta condición los deja completamente vulnerables, sin derecho a una pensión, sin acceso a una licencia de maternidad o de enfermedad, sin posibilidad de acceder a un crédito formal o a una vivienda propia.
Esta realidad golpea con especial fuerza a las mujeres, los jóvenes y los habitantes de zonas rurales y periféricas, quienes ven en la informalidad su única opción de ingreso. En ciudades como Pereira, donde la informalidad sigue representando una proporción alarmante del total de ocupados, la aparente reducción del desempleo esconde un drama social que el Estado no puede seguir ignorando.
Además, la informalidad afecta las finanzas públicas. Al no contribuir con impuestos ni cotizaciones, debilita el sistema de salud, pensiones e infraestructura. También socava la productividad ya que los negocios informales carecen de acceso a crédito, formación y tecnología, lo que limita su crecimiento y su capacidad para generar valor agregado.
El país necesita con urgencia una estrategia integral y sostenida para combatir la informalidad laboral. No basta con crear puestos de trabajo, se requiere generar empleos de calidad, con garantías, con derechos, con posibilidades de ascenso social. Para ello se requiere una política pública activa que incentive la formalización a través de beneficios tributarios, simplificación de trámites, acceso al crédito y programas de formación para el trabajo.
Por eso, la prioridad no debe ser únicamente reducir el desempleo, sino aumentar el empleo formal. El país necesita políticas claras para fomentar la formalización, incentivos tributarios, simplificación de trámites, capacitación laboral y acceso a financiamiento son clave. Celebrar la baja del desempleo sin mirar su calidad es engañoso. No se trata solo de cuántos trabajan, sino de cómo lo hacen. Y en eso, Colombia aún tiene una deuda profunda.
