Los riesgos de la nueva ley no son menores. El temor comienza cuando la regulación se transforma en un instrumento para controlar o censurar el flujo de información.
El Congreso de la República acaba de aprobar, a las carreras y sin la debida y recomendable discusión, una nueva ley que regula la publicación de encuestas electorales, estableciendo restricciones más severas en los tiempos de divulgación, la metodología y los requisitos que deben cumplir quienes se dedican a este tipo de información.
Aunque los promotores de la ley afirman que la norma busca garantizar mayor transparencia y proteger al electorado de manipulaciones y recibir contenido sesgado, la norma despierta preocupaciones legítimas sobre los límites a la libertad de información en un contexto tan sensible como el electoral.
Entre los aspectos positivos, hay que decir que la nueva legislación garantiza mayor rigurosidad técnica de las firmas encuestadoras. Obliga, por ejemplo, a detallar claramente la muestra, el margen de error, el patrocinador del estudio, la fecha de recolección y a incluir regiones nunca consultadas. Estas condiciones pueden ayudar a combatir la proliferación de encuestas amañadas o poco serias, que en años recientes han contaminado el debate público.
También puede ser razonable establecer un término más corto para la publicación de encuestas, como ocurre en muchas democracias, con el fin de evitar la influencia temprana de este instrumento de medición en la formación de las preferencias electorales.
Sin embargo, los riesgos de esta ley no son menores. El temor comienza cuando la regulación se transforma en un instrumento para controlar o censurar el flujo de información. Dejar por ejemplo, al país durante un largo tiempo preelectoral sin poder acceder a una información valiosa y que ayuda a formar un criterio sobre lo que está sucediendo en el debate electotal, no es sano.
Además, la imposición de sanciones excesivas, que incluso llegan al campo penal, para las firmas encuestadoras que no cumplan “las reglas estadísticas”, la posibilidad de que autoridades cercanas al poder político decidan qué encuestas son válidas y cuáles no, y la restricción del derecho de los medios a publicar resultados de análisis estadísticos, pueden derivar en un clima de opacidad informativa y suspicacia que termina afectando más al ciudadano que a los grandes actores políticos.
La nueva ley, pues, puede, en la práctica, en lugar de orientar al votante con la entrega de información veraz y plural, generar un efecto contrario, limitando el acceso a datos esenciales para tomar decisiones conscientes, independientes y que respondan exclusivamente al criterio de cada persona.
No parece claro qué animó a los promotores de la iniciativa, a impulsarla, inclusive casi clandestinamente; pero lo que sí está claro es que, como suele ocurrir, puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Regular sí, pero sin poner en riesgo la libertad de expresión ni el derecho a la información, pilares fundamentales de cualquier democracia.
