A raíz del hundimiento de la tributaria, el país vuelve a recurrir a una herramienta que ha utilizado en las últimas tres décadas: la declaratoria de emergencia económica.
Tras la decisión de la Comisión Cuarta del Senado de archivar la ponencia de la Ley de Financiamiento por $16,3 billones, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que el Gobierno tendrá que reconfigurar su estrategia fiscal para el próximo año, pues la reforma era pieza clave para garantizar la financiación del presupuesto de 2026.
“No vamos a descartar ninguna de las alternativas que deban presentarse para asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo y del Presupuesto General de la Nación para el año entrante”, dijo el ministro luego de que le preguntaran sobre una posible declaración de emergencia económica.
En contexto
Antes de entrar en detalle sobre el paso a seguir y si el país se declara o no en emergencia económica, es importante resaltar que Colombia contaba con un instrumento para mantener el equilibrio de las finanzas públicas: la regla fiscal. Este marco limitaba el endeudamiento del Gobierno y ordenaba el crecimiento del gasto. Sin embargo, fue suspendida para los años 2025, 2026 y 2027, lo que, según los expertos, amplió el margen para recurrir al crédito en lugar de fortalecer el ingreso estructural del Estado.
Óliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad y autor de El laberinto fiscal de Colombia, explicó que la suspensión modificó por completo el comportamiento de la política fiscal. “La regla fiscal fue suspendida, y esto ha hecho que el Gobierno pueda recurrir a un mayor endeudamiento para financiar sus gastos”, señaló.
En teoría, la regla fiscal volverá a estar vigente en 2028. Sin embargo, Pardo estima que, para cumplir la meta, Colombia debería aplicar un recorte o aumento estructural de ingresos equivalente a cuatro puntos del PIB. A pesar de este panorama, no hay señales de que el Gobierno haya iniciado un proceso de consolidación fiscal. “Vamos a estar en una situación en la que, en 2028, no vamos a poder cumplir la regla fiscal, y el déficit y la deuda pública seguirán creciendo de manera desmesurada”, advirtió.
El impacto
La no aprobación de la Ley de Financiamiento agravó el panorama. Según el directivo, lo óptimo habría sido un recorte de gastos, pero el Gobierno, sin la regla fiscal activa, optará por ampliar la deuda. “En vez de recortar los gastos, va a financiar el gasto con mayor endeudamiento y no con los recursos tributarios que pensaban recaudar”, explicó.
El efecto se extenderá más allá del actual periodo. Los recursos que no ingresarán por esa ley también cubrirían gastos para 2027 y años posteriores. “Esa plata que no se va a recaudar le hará falta al próximo gobierno. Si llega uno nuevo, extrañará muchísimo lo que no se pudo recaudar”, añadió.
Reacción de los mercados
Aunque el país aún no enfrenta una crisis abierta, Pardo considera que “estamos ad portas de una crisis”. El motivo por el cual no se ha manifestado en su totalidad se deriva del contexto internacional y de la confianza temporal de los inversionistas. Muchos esperan que el próximo gobierno adopte los ajustes necesarios. Sin embargo, si perciben falta de voluntad o capacidad, esa confianza podría romperse.
“Si llegase esa falta de liquidez, sí podría implicar grandes traumatismos, en el sentido de que el Gobierno se vería en la disyuntiva de no pagar los salarios de los funcionarios públicos, no pagar el servicio de la deuda o retrasar el pago de pensiones”, indicó.
Gasto creciente
Más allá del endeudamiento, otros factores presionan la sostenibilidad fiscal. Entre ellos, el aumento del gasto en salud, pensiones y pago de intereses, que, según Pardo, explican cerca de la mitad del incremento en el gasto público reciente. A esto se suman rezagos de administraciones anteriores, como el subsidio a los combustibles, que en su momento alcanzó el 1,5 % del PIB.
De cara al futuro, cualquier ajuste afectará el Presupuesto General de la Nación. Implicará recortes de gasto y, simultáneamente, mayores impuestos para reducir la dependencia del endeudamiento. “El endeudamiento público es una forma de impuestos diferidos que pagarán las generaciones futuras”, recordó Pardo.
El académico insistió en que Colombia necesita un acuerdo entre Gobierno, Congreso y gremios: “Lo que necesitamos es un pacto fiscal donde tanto Gobierno como oposición se comprometan a sanear las finanzas públicas”. Ese pacto debe incluir “recortes de gastos y aumentos de impuestos”, medidas dolorosas pero necesarias para garantizar la estabilidad económica en el largo plazo.
¿Qué piensan los expertos y gremios?
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo: “Para poner las cifras en contexto, vale la pena resaltar que esos $16,3 billones representan menos del 3% del Presupuesto General de la Nación, que asciende a $547 billones. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público. No existe ningún hecho sobreviniente que permita justificar la declaratorio de emergencia económica, producto de este hecho”.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia: “La decisión del Congreso de archivar la reforma tributaria abre una oportunidad para que el Gobierno reoriente la discusión hacia una estrategia fiscal que priorice la eficiencia del gasto y la estabilidad económica. Desde AmCham Colombia consideramos esencial avanzar hacia una gestión más austera y responsable, en especial en el gasto de funcionamiento del Estado, para proteger los recursos destinados a inversión productiva, generación de empleo formal y crecimiento empresarial”.
