Con el inicio del nuevo año gravable, la clase media colombiana se prepara para un impacto directo en sus finanzas personales. La reciente ley de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional de Colombia introduce nuevas reglas fiscales que, según expertos, trasladan una parte significativa de la carga tributaria a hogares que hasta ahora permanecían fuera del radar impositivo.
Un análisis financiero elaborado por Crowe Co advierte que la clase media será el principal soporte del incremento en el recaudo para 2026. Aunque el Ejecutivo ha señalado que las medidas buscan cerrar el déficit fiscal y garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación, los efectos recaen de manera directa sobre el consumo, la liquidez mensual y los patrimonios medios.
Más impuestos indirectos y mayor costo de vida
De acuerdo con el informe, el mayor impacto provendrá de cambios regresivos en los impuestos indirectos, especialmente en el IVA. Este gravamen se extenderá a nuevos bienes y servicios, eliminando tratamientos preferenciales y trasladando casi por completo el costo al consumidor final.
Entre las medidas que más sentirán los hogares están:
IVA a los combustibles: a partir de 2026 comenzará a aplicarse a la gasolina, con una tarifa de transición, y posteriormente al ACPM. Esto encarecerá el transporte y presionará al alza el costo general de vida.
Impuesto al consumo de licores y vinos: el incremento, que puede llegar hasta el 200 %, afectará de manera directa a los hogares urbanos de clase media, donde este tipo de consumo es habitual.
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF): la tarifa subirá a 5 x 1.000, elevando el costo diario de retiros, transferencias y pagos bancarios, tanto para personas naturales como para pequeños negocios.
Según los analistas, este último ajuste podría incentivar el uso de efectivo y desestimular la bancarización, complicando la gestión financiera de quienes dependen de servicios formales.
Impuesto al patrimonio: más hogares alcanzados
La reforma también reduce los umbrales del impuesto al patrimonio a 40.000 UVT, equivalentes a cerca de $2.095 millones en 2026. Esta modificación incluirá por primera vez a personas naturales con inmuebles urbanos valorizados, pequeños empresarios y familias que tradicionalmente no se consideraban “ricas”.
En las principales ciudades del país, un número creciente de hogares de clase media alta quedará obligado a declarar y pagar este tributo.
Un riesgo fiscal difícil de revertir
El informe de Crowe Co. subraya que, aunque el paquete tributario se presenta como temporal, su aplicación durante todo el año gravable implica un riesgo concreto: incluso si la Corte Constitucional llegara a declarar inexequibles algunas medidas, los recursos ya pagados difícilmente serían devueltos.
El principio de “situación jurídica consolidada” impide, salvo casos excepcionales, la devolución de impuestos abonados, lo que obliga a los contribuyentes a asumir el pago como un costo definitivo.
Recomendaciones para la clase media
Los expertos son claros en su llamado a la prudencia financiera. Recomiendan no “apostar” a que la Corte tumbe los impuestos y, en cambio, presupuestar que estos se pagarán en su totalidad durante 2026.
Además, advierten que la presión no se sentirá únicamente en la declaración de renta, sino también en el día a día: transporte más costoso, servicios encarecidos, transacciones bancarias más gravadas y precios más altos en bienes de consumo básico.
En un contexto de emergencia económica y debate limitado, la conclusión del análisis es contundente: mientras el Gobierno busca aliviar desequilibrios fiscales de corto plazo, la clase media asume el grueso del ajuste, con una reducción palpable de su ingreso disponible y una necesidad urgente de reorganizar sus finanzas personales.
