El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en 23,7 %, ha reactivado las preocupaciones sobre su impacto en el sistema y en el ingreso real de millones de pensionados.
El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en 23,7 %, volvió a poner en el centro del debate el impacto de esta medida sobre el sistema pensional y el ingreso real de más de 2 millones de jubilados. Aunque el ajuste representa una mejora directa para quienes devengan el mínimo, su efecto no es homogéneo y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del poder adquisitivo de los pensionados con mesadas superiores.
Para Óscar Fernando Mejía, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira, el incremento no compromete la estabilidad del sistema de pensiones, pero sí profundiza las brechas entre grupos de pensionados. Mientras quienes reciben una pensión equivalente al salario mínimo verán reflejado el aumento completo, aquellos con ingresos superiores solo tendrán ajustes ligados a la inflación, en un contexto de mayores costos para los hogares.
Lápiz en mano
En estos casos, el aumento se aplica en la misma proporción que el salario mínimo, lo que significa un incremento real del 23,7 %, acompañado de un descuento a salud del 4 %, uno de los más bajos dentro del sistema contributivo. “No hay ninguna afectación negativa para ellos; por el contrario, si la inflación se mantiene controlada, tendrán un mayor poder adquisitivo”, explicó.
El panorama es distinto para quienes reciben pensiones superiores al salario mínimo. En estos casos, el ajuste anual no se realiza con base en el salario mínimo, sino en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), definido en los próximos días por el Gobierno Nacional y que, según proyecciones, podría ubicarse entre el 5 % y el 6 %. Aunque la Constitución garantiza que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo, este grupo enfrentará un diferencial frente a quienes sí reciben el incremento pleno.
“Mientras el salario mínimo sube de forma considerable, muchos gastos familiares también aumentan en esa misma proporción, pero las pensiones por encima del mínimo solo crecerán con la inflación”, señaló Mejía Moreno. Entre los rubros que presionarán el gasto de los hogares mencionó el servicio doméstico, los costos de vigilancia y portería y las cuotas de administración en conjuntos residenciales, que podrían incrementarse de manera significativa debido al mayor costo laboral.
Impacto en el sistema pensional
Pese a estas diferencias, el decano fue enfático en señalar que el sistema pensional colombiano no se verá afectado de manera directa por el aumento del salario mínimo. A su juicio, se trata de un sistema “maduro y fuerte”, tanto en el régimen público como en el privado, que cuenta con controles suficientes para evitar desequilibrios graves.
En el contexto de la reforma pensional, actualmente en revisión por la Corte Constitucional, explicó que el esquema de pilares introduce cambios en la distribución de los recursos. Bajo este modelo, las cotizaciones hasta 2,3 salarios mínimos hacen parte del pilar contributivo administrado por Colpensiones. Con un salario mínimo más alto, una mayor proporción de los aportes irá a este fondo público.
“Colpensiones va a captar más recursos, mientras que los fondos privados recibirán únicamente lo que exceda esos 2,3 salarios mínimos”, indicó. Este fenómeno, va a generar unos recursos menores para los fondos privados de pensiones, porque aquellas personas que ganan más del salario mínimo, su empleador no tiene obligación de incrementarles el mismo por que incrementó el salario mínimo.
¿Cambia el cálculo de las pensiones?
Uno de los interrogantes más frecuentes entre los afiliados es si el aumento del salario mínimo modifica los requisitos o el cálculo de las pensiones. En el caso del régimen de prima media, administrado por Colpensiones, Mejía aclaró que no hay cambios sustanciales. “La pensión no se calcula con base en salarios mínimos, sino en el promedio de los salarios cotizados. Por tanto, el incremento del salario mínimo no afecta directamente el valor de la mesada”, explicó.
El cálculo se realiza a partir del ingreso base de liquidación y la tasa de reemplazo, variables que no dependen de manera automática del salario mínimo. En el régimen de ahorro individual, administrado por los fondos privados, el decano reconoció que el capital necesario para pensionarse depende de factores como el ahorro acumulado, la rentabilidad y la expectativa de vida, por lo que no es posible establecer un monto exacto asociado al aumento del salario mínimo.
Los más presionados
Donde sí se anticipan mayores dificultades es entre los trabajadores independientes. Al estar obligados a cotizar como mínimo sobre un salario mínimo, el fuerte incremento eleva de manera inmediata sus aportes a salud y pensión. No obstante, sus ingresos no necesariamente aumentan en la misma proporción.
“En la mayoría de los casos, los honorarios de los contratos de prestación de servicios no se incrementan con el salario mínimo, y muchas veces ni siquiera con el IPC”, señaló Mejía Moreno. Esto genera una presión adicional sobre los ingresos de los contratistas, que deben asumir mayores costos sin una mejora equivalente en sus ingresos.
Aunque existen mayores controles, especialmente en contratos con el sector público, el decano advirtió que este escenario podría incentivar la evasión entre quienes no están sujetos a supervisión estricta, como algunos rentistas de capital o afiliados voluntarios.
Ojo a este nuevo decreto
A la par, el Gobierno Nacional inició el 2026 expidiendo el Decreto 1485, que modifica el mecanismo con el que se cubre el impacto del aumento del salario mínimo en las pensiones bajo renta vitalicia. La norma ajusta el llamado “deslizamiento del salario mínimo” y elimina la participación del Estado en el componente discrecional del ajuste anual, trasladando mayor carga financiera a los afiliados, lo que, según Asofondos y Fasecolda, podría derivar en menos pensionados y mesadas más bajas e implicará que los afiliados tengan que incrementar sus aportes cerca de un 30% para acceder a una pensión mediante renta vitalicia y obligaría a muchos afiliados a trabajar entre 15 y 20 años más.
