Con la llegada del 2026, el mercado laboral colombiano entró en una nueva etapa tras el incremento del salario mínimo en un 23 %, un ajuste que abre el debate sobre qué bienes, servicios y costos comienzan a subir con esta medida.
El inicio de 2026 llega acompañado de ajustes económicos que impactan directamente el bolsillo de los colombianos. Tras el incremento del salario mínimo, fijado en $2.000.000 mensuales incluyendo el auxilio de transporte, se activan una serie de aumentos en bienes y servicios cuyo valor está indexado a este ingreso. Aunque el Gobierno ha reiterado sus esfuerzos por contener el costo de vida, en Colombia el salario mínimo sigue funcionando como unidad de medida, lo que hace que su aumento tenga efectos automáticos en varios rubros de la economía.
Atados al salario mínimo
Entre los conceptos cuyo valor se ajusta de manera directa al salario mínimo (SMMLV) se encuentran las multas de tránsito y otras sanciones administrativas. Si bien estos incrementos no tienen un peso relevante dentro de la canasta de consumo de los hogares y, por tanto, no presionan la inflación, sí representan mayores costos para quienes incurren en estas infracciones.
Otro rubro afectado es el de los aportes de aprendices del SENA, cuyos valores dependen del salario mínimo legal vigente. Asimismo, varios seguros, entre ellos el SOAT y otros productos aseguradores, tienen indemnizaciones o bases de cálculo expresadas en salarios mínimos, por lo que el aumento de 2026 también se traslada a sus tarifas.
El transporte intermunicipal y algunos servicios públicos o privados cuya fórmula tarifaria incluye componentes laborales vinculados al salario mínimo también registran incrementos, lo que puede tener un impacto más visible en el gasto cotidiano de los hogares.
Ajuste por IPC
A estos efectos se suma el aumento en el precio de los peajes. Desde finales de diciembre, el Gobierno anunció que las tarifas de los peajes en el país subirán en 2026 de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y comenzarán a regir a partir del 16 de enero en todas las concesiones viales.
Por ahora, el IPC anual cerró en 5,30 % en noviembre pasado, cifra que sirve como referencia, aunque el incremento definitivo dependerá del dato final de diciembre. Según el Ministerio de Transporte, estos ajustes “garantizan el mantenimiento, la operación y la expansión de la infraestructura vial del país, así como aseguran la sostenibilidad financiera de los proyectos”, en un contexto de mayores costos operativos.
Impacto indirecto en los hogares
Más allá de los incrementos directos, existen costos indirectos asociados al salario mínimo que pueden tener un efecto mayor sobre el presupuesto familiar. De acuerdo con Jaime Edison Rojas, líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales del Politécnico Grancolombiano, uno de los más sensibles es el de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyos precios máximos están definidos en función del salario mínimo. Con el aumento de 2026, estos topes también se elevan, lo que encarece el acceso a este tipo de vivienda.
“Al respecto, el gobierno ha anunciado intervenciones para evitar que el precio de este tipo de vivienda se mantenga indexado al salario mínimo”, indicó el directivo.
Aportes a la seguridad social y salud
Otro frente de impacto es el de los aportes a la seguridad social. Las cotizaciones a salud, pensión y riesgos laborales se calculan con base en el salario mínimo, por lo que su incremento eleva los costos tanto para empleadores como para trabajadores. Este efecto puede trasladarse a algunos servicios o seguros. “Esto puede afectar especialmente a los trabajadores informales o a los prestadores de servicios”, señaló.
En el sistema de salud, las cuotas moderadoras también suelen calcularse con base en el salario mínimo o en la base de cotización, lo que implica mayores pagos para los usuarios durante 2026.
Sectores con ajustes desindexados
Es importante aclarar que no todos los ingresos crecen al mismo ritmo del aumento de 23 %. Un segmento relevante de pensionados recibe aumentos determinados exclusivamente por la inflación y no por el salario mínimo. De igual forma, los salarios por encima del salario mínimo y los de trabajadores sindicalizados suelen ajustarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
