No se trata de idealizar a otras democracias, sino de entender que el respeto por la ley comienza por quien gobierna y se sostiene por una ciudadanía que no transa principios.
Mientras en el Reino Unido el primer ministro Keir Starmer tambalea por haber nombrado al veterano político Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, cuando ya eran conocidas sus relaciones con el magnate Jeffrey Epstein; en Colombia el presidente Petro no solo sigue defendiendo a la frustrada viceministra de la juventud, Juliana Guerrero, señalada de haber obtenido su título profesional de manera fraudulenta, sino que insiste en mantenerla como sus delegada en el Consejo Directivo de la Universidad de Córdoba.
A pesar de que al exembajador Mandelson hasta ahora no se le ha acusado de delitos sexuales, como sí ha ocurrido con la mayoría de las personalidades del todo el mundo que aparecen en los documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los archivos que se han conocido recientemente y en los cuales se muestra un intercambio de correos que revelan algunas transacciones financieras, han sido suficientes para que el 55% de los británicos, según una encuesta de la firma demoscópica Opinium revelada el fin de semana, opine que el primer ministro debe renunciar.
Pero aún más, el mismo día que se conoció el resultado de la encuesta, el Jefe de Gabinete del gobierno británico, Morgan McSweeney, renunció a su cargo por haber “aconsejado” al Primer Ministro nombrar a Maldenson embajador en Estados Unidos; y el líder del Partido Laborista escocés, Anar Sarwar, le pidió a Starmer dimitir a su cargo.
En contraste en Colombia no solo nadie ha renunciado, incluyendo al funcionario que recomendó a la supuesta contadora pública y tecnóloga en gestión contable, sino que todos, empezando por el presidente Petro, han corrido a defenderla, a protegerla, a tratar de tapar la falta con un nuevo delito y a premiarla con otro cargo. Y menos un dirigente del partido de gobierno ha condenado el engaño y pedido que el Presidente responda por esta afrenta a la confianza pública.
Pero más grave aún es el tono. Mientras en Inglaterra el gobernante explica, rectifica o asume costos políticos e inclusive pide perdón, en Colombia el presidente se burla de la ley, descalifica a quienes cuestionan y convierte un asunto institucional en una causa personal. La ética se diluye en el discurso y la legalidad se presenta como un hecho menor.
En las democracias maduras, la ética pública no es un adorno retórico sino una obligación que pesa incluso antes de que la ley actúe. En el Reino Unido bastó la sombra de la relación del exembajador con Epstein para desatar un debate nacional sobre responsabilidades, límites y decoro en el ejercicio del poder.
Este contraste debería llevar a una reflexión profunda. No se trata de idealizar a otras democracias, sino de entender que el respeto por la ley comienza por quien gobierna y se sostiene por una ciudadanía que no transa principios. Cuando el poder se burla de las normas y la sociedad calla, la democracia se erosiona.
