La ciudad no puede seguir aceptando que la marginalidad extrema termine, de manera recurrente, en una muerte silenciosa que apenas ocupa unas líneas en los reportes oficiales.
Las sucesivas muertes de personas indigentes o en condiciones de calle, ocurridas en los últimos días tanto en Pereira como en Dosquebradas, no pueden leerse como hechos aislados ni mucho menos como sucesos inevitables.
La cantidad de casos registrados en pocos días, las circunstancias en las que han ocurrido y el silencio que los rodea constituyen una alerta social que la ciudad no puede ignorar. Cuando la muerte se vuelve repetitiva, el problema deja de ser un caso individual, para convertirse en general.
Preocupa no solo que estas personas hayan fallecido en condiciones de extrema vulnerabilidad, sino que muchas de ellas murieran solas, en espacios públicos, sin que nadie pudiera o quisiera advertir a tiempo el deterioro de su salud o el riesgo que corrían. Esa indiferencia, más que la pobreza misma, es quizá el síntoma más grave de una sociedad que se ha acostumbrado a convivir con la exclusión como parte del paisaje urbano.
Detrás de cada persona en situación de calle hay una historia de rupturas familiares, enfermedad mental, adicciones, desempleo, problemas económicos o violencia. Reducirlas a cifras o a generadores de inseguridad es una forma cómoda de evadir la responsabilidad social que corresponde a todos. La ciudad no puede seguir aceptando que la marginalidad extrema termine, de manera recurrente, en una muerte silenciosa que apenas ocupa unas líneas en los reportes oficiales.
Es cierto que existen programas institucionales, albergues temporales y esfuerzos desde la administración local para atender esta realidad y tratar de devolverle estas personas a la sociedad, pero los hechos recientes evidencian que son insuficientes o que no están logrando llegar a quienes más lo necesitan.
La atención a esta población requiere continuidad, recursos importantes, asistencia profesional, participación de la familia, coordinación interinstitucional y, sobre todo, una mirada humana que entienda que no se trata de caridad ocasional, sino de derechos fundamentales y de vidas de por medio.
La solidaridad no es solo una consigna moral, es una herramienta de prevención. Una comunidad que observa, que alerta, que acompaña y que no mira hacia otro lado puede salvar vidas. Comerciantes, vecinos, transeúntes y autoridades comparten la responsabilidad de actuar cuando la vida de otro está en riesgo, sin importar su condición social.
Pereira y Dosquebradas deben preguntarse qué tan normal se ha vuelto la muerte del más débil y qué dice eso de todos como sociedad. El verdadero desarrollo y crecimiento de una ciudad no se mide por sus obras ni por sus cifras económicas, sino por la forma en que protege a quienes no tienen voz, techo ni defensa. Ignorar estas muertes es permitir que se sigan generalizando.
