Aquí surge una inquietud legítima en la opinión, la sospecha de que un aumento sin el rigor técnico, pudiera haber sido calculado para provocar su caída y capitalizar su efecto político.
La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 por parte del Consejo de Estado ha sembrado una incertidumbre que recorre toda la economía. Trabajadores que no saben a qué atenerse en sus contratos, empresas que dudan al planear costos laborales y proyectos, inversionistas que observan con cautela un entorno jurídico movedizo. El salario mínimo no es una cifra más, es el eje de la formalidad, del consumo y de la estabilidad social en el país.
Aunque sus consecuencias inmediatas no se sientan, la incertidumbre tiene efectos graves. Los trabajadores temen no poder cumplir sus obligaciones si el escenario cambia, mientras los empresarios ven amenazadas sus expectativas de ingreso. La economía necesita reglas claras y previsibles, y cuando estas se tambalean, el daño no es inmediato pero sí incalculable.
Pero el impacto no es solo económico. En plena antesala de elecciones legislativas y presidenciales, el fallo cae como combustible político. El debate sobre el salario mínimo se convierte en bandera de campaña, en argumento de plaza pública y en discurso polarizante. El gobierno del presidente Gustavo Petro intentará presentar la medida como prueba de su compromiso social, mientras sus críticos la leerán como muestra de improvisación.
Y aquí surge una inquietud legítima en la opinión pública, la sospecha de que un aumento decretado sin el rigor técnico necesario pudiera haber sido calculado para provocar su caída en los tribunales y capitalizar su efecto político. No se puede afirmar tal intención, pero la percepción existe y en política las percepciones pesan.
¿Qué puede hacer el Gobierno? Puede corregir los vicios señalados por el Consejo de Estado y buscar un nuevo decreto concertado, o insistir en defender su decisión en los tribunales, prolongando la incertidumbre y el ruido político. La decisión que tome será también un mensaje a los mercados y a los votantes. En época de campaña, la tentación de gobernar con cálculos electorales es grande, pero el país necesita responsabilidad.
El salario mínimo no puede convertirse en un pulso político, sino en una política pública equilibrada. En un momento de desaceleración económica, el país necesita menos improvisación y más rigor técnico. El fallo del Consejo de Estado tiene que ser una oportunidad para corregir el rumbo.
Este episodio recuerda, pues, que la estabilidad laboral depende de decisiones responsables y transparentes. El Gobierno aún tiene margen para actuar con prudencia y diálogo. Si lo hace, la crisis jurídica puede convertirse en una lección institucional; sino el costo lo pagarán trabajadores y empresas en un país que necesita certezas, no sobresaltos.
