Negar sistemáticamente, a pesar de las múltiples evidencias, la presencia de grupos armados ilegales, es además de una equivocación grave, un engaño imperdonable a los risaraldenses.
Casi que mientras la Asamblea Departamental debatía la seguridad en Risaralda y el Secretario de Gobierno Departamental sostenía que en el departamento no hay presencia de grupos armados ilegales, en la vereda La Llorona Alta, zona rural de Belén de Umbría, tropas del Ejército sostenían un enfrentamiento con miembros del Clan del Golfo.
No es la primera vez que grupos al margen de la ley realizan acciones de hostigamiento y amenaza a la población en el occidente del departamento o que inclusive chocan militarmente con miembros del Ejército Nacional. En varias oportunidades habitantes de la región, han informado sobre la presencia de personas armadas patrullando y consiguiendo información de la zona.
Es más, no hace muchos días autoridades del cabildo indígena de Mistrató denunciaron que miembros de un grupo perteneciente al Clan del Golfo pidió permiso para ingresar al territorio indígena y a través de él pasar al departamento Antioquia, solicitud que le fue negada.
Lo más grave de lo que sucedió en las horas de la tarde del pasado sábado, es que ya la presencia de los grupos armados no es en lo alto de la cordillera, ni en los límites de Risaralda y el Chocó, y ni siquiera en Pueblo Rico o Mistrató; sino en territorios cada vez más en el centro del Departamento.
Esta vez el territorio amenazado y la población hostigada es la de Belén de Umbría, un municipio a escasa hora y media de Pereira y a menos de media hora de la vía troncal que une al Valle del Cauca con Antioquia y el norte del país y por donde viaja buena parte de la carga que se mueve entre el sur y el norte del país.
Negar sistemáticamente esto, como lo han hecho desde hace mucho rato las autoridades departamentales y a pesar de las múltiples evidencias y de los testimonios de muchos habitantes del occidente del Departamento no solamente sobre la presencia de miembros de las grupos armados ilegales, sino sobre acciones ciertas contra las comunidades rurales; es además de una equivocación grave, un engaño imperdonable a los risaraldenses.
Por supuesto, hay información que lejos de ser útil para la población, puede generar zozobra en la comunidad y producir una reacción inconveniente entre los habitantes; pero nada hay más perjudicial que mentirle a la comunidad, que negar lo que es un hecho palpable y que creer que la gente es ingenua.
Risaralda está, como lo están varias regiones del país y como lo estuvo el Departamente en el pasado, en un grave riesgo de quedar bajo la acción permanente de los grupos armados ilegales, y aceptarlo y preparar la comunidad para enfrentarlos conjuntamente con el Ejército, es una obligación de las autoridades para que no pase lo que está ocurriendo en otras regiones donde la propia población despide a la Fuerza Pública y protege a los criminales.
