El anticipo del impuesto de renta es, en esencia, una forma de “endeudamiento forzoso” que el Estado impone a sus ciudadanos para solventar problemas fiscales de fondo.
La expedición, casi furtiva, del decreto 0572 por parte del Gobierno Nacional, mientras el país se ocupaba de los paros y bloqueos orquestados desde el propio Ejecutivo, que anticipa el cobro del impuesto de renta del año 2026, ha generado incertidumbre y preocupación entre empresarios y contribuyentes del común. Esta medida, que busca adelantar recursos para cubrir las crecientes necesidades fiscales del Estado, plantea serios inconvenientes tanto en términos de justicia tributaria como de sostenibilidad económica.
En primer lugar, el anticipo del impuesto de renta rompe un principio fundamental del sistema tributario, la equidad y la capacidad de pago. El impuesto de renta grava las utilidades efectivamente obtenidas por los contribuyentes durante un año fiscal. Adelantar ese pago, sobre una base proyectada y no real, supone cargar a personas y empresas con una obligación financiera sin la certeza de que efectivamente tengan los ingresos para respaldarla.
¿Cómo puede un pequeño empresario, un trabajador independiente o incluso una mediana empresa anticipar el pago de un impuesto por ingresos que aún no ha generado? Esta situación puede agravar los problemas de liquidez y aumentar el riesgo de cierre de negocios y empresas, especialmente en un momento en que la economía sigue enfrentando los efectos de la inflación y la desaceleración.
Por otro lado, esta medida transmite un mensaje alarmante sobre la estabilidad de las finanzas públicas. El anticipo del impuesto de renta es, en esencia, una forma de “endeudamiento forzoso” que el Estado impone a sus ciudadanos para solventar problemas fiscales de fondo. En vez de corregir los desequilibrios de gasto o buscar fuentes sostenibles de financiación, se recurre a una solución transitoria que compromete el futuro de los contribuyentes y no resuelve los problemas de fondo.
El decreto también plantea problemas técnicos. ¿Cómo se calculará la base de ese anticipo? ¿Qué pasa si el contribuyente sufre pérdidas o una disminución significativa de ingresos en 2026? ¿Se devolverán los recursos anticipados? ¿Cómo se manejarán los intereses, sanciones o ajustes? La falta de claridad y previsión en estos aspectos incrementa la incertidumbre jurídica y pone en riesgo la seguridad económica de miles de pequeñas empresas.
El decreto 0572, es, pues, aunque motivado por la necesidad de financiar al Estado, una norma injusta y regresiva. El país requiere medidas serias para la sostenibilidad de las finanzas públicas y decisiones juiciosas que pongan freno a tanta improvisación, no medidas que dejen sobre los hombros de los contribuyentes la pesada deuda del Estado. El país necesita soluciones justas, equilibradas y responsables. Adelantar impuestos es todo lo contrario.
